Boletín de noticias, primera quincena de junio

NOTICIAS JURÍDICAS

1-JUNIO-2017: Los autónomos españoles soportan una de las presiones fiscales más altas de la Unión Europea. Según la Dirección General del Trabajo Autónomo, a 31 de marzo de 2017 había 1.973.028 trabajadores autónomos, personas físicas, inscritos en los diferentes regímenes por cuenta propia de la Seguridad Social y que no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas ni en otras entidades societarias, excluyéndose también los que figuran como colaboradores familiares y los que están registrados formando parte de algún colectivo especial de trabajadores. Mientras que según los datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en marzo de 2017 la cifra de autónomos ascendió a 3.196.754 en marzo de 2017, incluyéndose aquí a todo tipo de autónomos.

Fuente: Vlex

3-JUNIO-2017: Casi un centenar de abogados planta al ministro Catalá en protesta por el plan del CGPJ sobre cláusulas suelo. Casi un centenar de abogados asistentes al VII Encuentro de Juntas de Gobierno de Colegios de Abogados abandonó el salón del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada para escenificar su oposición frontal al “Plan de Urgencia” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando el ministro de Justicia, Rafael Catalá, comenzaba su discurso de clausura. El instigador del plante fue José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena y conocido activista de la Brigada Tuitera, grupo que en los últimos días ha estado muy activo en redes criticando duramente el “Plan de Urgencia”.

Fuente: https://confilegal.com

5-JUNIO-2017: Secretarios judiciales subrayan su papel en la Justicia y reclaman que se haga firme su dirección en el Registro Civil. Los letrados de la Administración de Justicia, conocidos anteriormente como secretarios judiciales, ha pedido al Ministerio que dirige Rafael Catalá que reconozcan las responsabilidades que tienen en el ámbito judicial y reclaman que entre cuanto antes en vigor la reforma de la Ley del Registro Civil para que se haga firme que ellos serán los encargados de dirigirlos. El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha celebrado desde este miércoles unas jornada celebradas en Santander, donde han llegado a una decena de conclusiones, a las que ha tenido acceso Europa Press. Consideran "imprescindible" que el Registro Civil siga prestando con total "regularidad" un servicio público de "calidad". En este sentido, han insistido en la importancia de que entre en vigor la reforma de la ley del 2011 al respecto de esta institución y que los encargados sean los propios letrados de la Administración de Justicia. "Es imprescindible, ya de forma urgente, que se acometan cuanto antes la oportunas adaptaciones organizativas, legislativas y tecnológicas que permitan hacer realidad el Registro Civil diseñado en la Ley", dice la conclusión. LABOR DESARROLLADA CON "FORMA EFECTIVA Y CON RESULTADOS" En este sentido, destacan que realizan una labor de "forma efectiva y con resultados", ya que en 2016 han mejorado los índices de años anteriores de las ejecuciones resueltas a las incoadas. Así, critican que los procedimientos iniciados no puede ser hacia la mediación o conciliación extrajudicial porque, según apunta, ellos ya están dentro del proceso. Los letrados de la Administración de Justicia apuestan para estos casos el uso de medios de solución intrajudiciales porque la "experiencia demuestra" que cuando se les encarga dicho trabajo "los resultados son sencillamente espectaculares". Asimismo, instan a los poderes públicos y al Ministerio de Justicia que reconozcan su responsabilidad en las funciones jurídicas y procesales, como en la dirección y gestión económicas de las consecuencias de los procesos. "MISIONES IMPORTANTÍSIMAS QUE DESPLEGAR" Por otro lado, dentro de ensalzar sus competencias, abogan también por la implantación del nuevo diseño de la Oficina judicial del 2003 y piden que el Ministerio de Justicia garantice que la dirección de los servicios comunes y secciones de este organismo sea llevada a cabo por los letrados, tal y como dice el artículo 440 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985). En cuanto a la reforma del proceso penal, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia subraya que se les debe tener en cuenta porque tienen "en el orden penal misiones importantísimas que desplegar". Por último, destacan la necesidad de invertir en la modernización de la Administración de Justicia porque, en su opinión, también se "invertir en el propio desarrollo económico del país". "Un funcionamiento ágil de la justicia genera por sí mismo un mayor movimiento económico, mayor seguridad jurídica y, en consecuencia, riqueza", apostilla.

Fuente: http://diariolaley.laley.es

5-JUNIO-2017: El TS avala que las parejas de hecho pueden inscribirse en registros autonómicos o municipales para cobrar la viudedad. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha avalado que las parejas de hecho pueden estar inscritas indistintamente en los registros específicos autonómicos o municipales para poder cobrar la pensión de viudedad de la Seguridad Social

Fuente: http://diariolaley.laley.es

6-JUNIO-2017: El TS considera que no es competencia del procurador solicitar una prórroga ante la caducidad de la anotación preventiva de embargo. El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el alcance de la responsabilidad civil del procurador en relación con la caducidad de la anotación preventiva de embargo. La Sala concluye que no es competencia del procurador poner en conocimiento del abogado la proximidad del vencimiento del plazo de caducidad de la anotación preventiva de embargo, como tampoco está obligado a solicitar la prórroga para evitar dicha caducidad.

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7-JUNIO-2017: Diez claves para gestionar tu despacho de abogados desde la innovación. Si hay algo para lo que no están preparados los abogados es a gestionar su despacho. Pocas entidades universitarias les preparan para ese esencial cometido. Para cubrir ese vacío el Colegio de Abogados de Madrid, como ya lo hicieran los de Málaga y Barcelona crean una sección de gestión de despachos e innovación. Casi un centenar ya de inscritos y las cabezas visibles de Sara Molina Pérez-Tomé, experta en gestión del cambio en despachos en Marketingnize y Alejandro Sánchez del Campo en innovación conocido como @replicantelegal. Con ellos un grupo de expertos a modo de Comité. En la sesión inaugural los abogados malagueños José Cortes y Joaquín Zulategui también aportaron su visión sobre la gestión desde la innovación. CONFILEGAL ha pedido a estos expertos que nos ofrezcan algunas claves de cómo gestionar ese despacho desde la innovación. Sara Molina Pérez-Tomé, presidenta de la sección de Gestión de despachos e innovación del ICAM. 1-“La gestión debe nacer de las personas y gracias a ella te acercas mejor al cliente para darle el mejor servicio posible Hay que darse cuenta que muchas empresas ya conocen a través de Internet lo que ofrece un abogado. Desde su punto de vista “Desde la gestión, como palanca para la innovación debe dotarse al despacho de una estructura de negocio, en la que se busque optimizar costes y profesionales multidisciplinares para que el cliente entienda que lo primero en el negocio es él”. 2-“La importancia de la gestión en los despachos es fundamental para que tengan un desarrollo estructurado y poder ser competitivos en un mercado atomizado caracterizado por el hecho de que la tecnología está cada vez más presente y en el que están irrumpiendo nuevos modelos de negocio. Para Sara Molina “Ser gestor de tu firma implica conocer ciertas habilidades directivas que te ayudarán a ser mejor abogado. Hay que saber organizar el bufete, controlar gastos e impulsar el trabajo de tus profesionales. Se trata de buscar la mejora continua”. Oscar Murillo, abogado de Ontier, miembro Comité Expertos sección 3 “Para muchos abogados la gestión es innovación. Es una faceta de la actividad empresarial que nunca la hubieran desarrollado por sí solos. Pero hay que hacerlo. Si no eres competitivo y rentable en este escenario con tantos despachos de abogados serías uno más y las posibilidades de supervivencia, escasas”. 4-“La innovación es fundamental en cualquier actividad empresarial. Supone atreverse y dar ideas diferentes que luego se ponen en marcha para ser más eficiente. Es fundamental que exista una cultura de la innovación en la firma gestionada por los socios directores del despacho. Si nadie fomenta la innovación, ésta se muere”. Alejandro Sánchez del Campo, abogado experto en innovación 5- “Hay que diferenciar la innovación de la tecnología. No podemos pensar que estemos hablando de lo mismo. Pero son dos actividades complementarias que deben ayudar a que los propios despachos cambien en su forma de ver el negocio”. 6- “Ha llegado el momento que el abogado rompa su escenario habitual y salga de su zona de confort. Debe de dejar de hablar solo con colegas suyos y abrir su campo de acción a otras profesionales liberales que le van a enriquecer bastante. El enfoque multidisciplinar del despacho es un elemento clave en su gestión”. José Cortés, abogado, miembro sección gestión despachos Colegio Abogados de Málaga 7- “Gestión e innovación van muy ligadas. En un momento de transformación digital en nuestra sociedad, los despachos que son empresas de servicios jurídicos buscan la forma de adaptarse a ese cambio: Marketing, Contabilidad, RRHH, Organización o Control de costes forman parte de la gestión como palanca de actividad del despacho. La idea es que se convierta en una organización eficaz”. 8- “La revolución digital está marcando la forma de relacionarnos con nuestro cliente. Muchos de ellos ya saben lo que hacemos porque Internet les ofrece información de nuestra firma y de otras similares. En ese momento desde la innovación de aportar valor añadido. Gracias a la innovación podremos ser rentables en costes y rentabilidad”. Joaquín Zulategui, abogado y empresario: impulsor del evento Ser Creativo 9- “Hay que estar abierto al cambio y a la innovación. No queda otra en este mundo tan competitivo en el que vivimos. La innovación hay que entenderlo como un proceso con varias etapas y que se desarrolla progresivamente”. A su juicio “Solo se habla de innovación cuando hay éxitos pero también se aprende mucho de los fracasos, de cara a desechar ciertas prácticas. Si estás abierto al cambio y tienes una mente ordenada será más fácil innovar”. 10- “Llegar a la innovación para que ayude a la gestión de nuestro despacho se llega por dos caminos, a veces paralelos, otras veces complementarios que son el trabajo diario y la inspiración del propio profesional. En muchos casos supone el riesgo de abandonar tu zona de confort para buscar el progreso que te hará más competitivo”.

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6-JUNIO-2017: BOE núm. 134, de 6 de junio de 2017. Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Fuente: Noticias Jurídicas

8-JUNIO-2017: “El Defensor del Abogado” que el Colegio de Madrid ha presentado hoy y que ya tienen disponible todos los colegiados ejercientes. La app, disponible tanto en Google Play como en App Store, posibilitará a más de 40.000 abogados ejercientes comunicar en pocos segundos el trato desconsiderado, retrasos en señalamientos, dilaciones indebidas y otras situaciones que impidan el correcto desempeño de su labor profesional. “Juntos podemos hacer que la voz de la abogacía suene mucho más alto en las salas”, aseguró la decana. Cumplimentando un sencillo formulario el colegiado podrá plantear su queja, que el Colegio tramitará, recopilando después los datos que le permitirán elaborar informes trimestrales. Esos informes serán verdaderas radiografías del funcionamiento de cada órgano judicial de Madrid, y permitirá al Colegio proponer soluciones y mejores prácticas para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

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8-JUNIO-2017: Ciudadanos apuesta porque el Ministerio Fiscal tenga independencia económica y presupuesto propio. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, presentó ayer, acompañado de Nacho Prendes, las líneas generales de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de las que destaca una, reivindicada por las tres asociaciones de fiscales y calificada como esencial por todas ellas: la independencia económica de la Fiscalía; dejar de depender para siempre del Ministerio de Justicia, como ocurre ahora, y administrar su propio presupuesto. “El Ministerio Fiscal tendrá autonomía presupuestaria, no sólo funcional”, prometió Rivera. “Creemos que la autonomía presupuestaria que tienen algunos organismos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, potenciará la eficacia de la Fiscalía a la hora de trabajar porque no dependerán de lo que le den. Ellos mismos se administrarán su dinero. Es verdad que en el presupuesto actual, Ciudadanos ha propuesto un incremento para la Justicia y para la Fiscalía. Pero más allá de que negociemos ese incremento presupuestario, lo que queremos es que quede claro cuál es la partida presupuestaria de la Fiscalía y que nadie pueda cortarle las alas a sus investigaciones”. Rivera dijo, en el curso de la rueda de prensa que dio en el Congreso de los Diputados, que habían escuchado a la Asociación de Fiscales, a la Unión Progresista de Fiscales y a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, cuyos representantes comparecieron el pasado 24 de mayo ante la Subcomisión de Justicia. “Para comprar un simple lápiz hay que llamar al ministro. Aunque el Parlamento pudiera nombrar al fiscal general del Estado de nada serviría ese cambio si la Fiscalía no dispone de presupuesto propio. No serviría de nada”, dijo entonces María de las Heras García, vocal del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Un mandato de 6 años para el fiscal general del Estado. El líder de Ciudadanos también propone en la proposición de ley, que presentaron ayer ante el Registro del Congreso, que el mandato del fiscal general del Estado pase de 4 a 6 años. “¿Por qué? Porque de esta forma rompemos el cordón umbilical. Por lo tanto, no va atado al mandato del Gobierno, como ocurre con otros órganos constitucionales. De esta forma, dejará de ser el fiscal general del Gobierno y pasará a ser, de verdad, el fiscal general del Estado”, explicó. También se exigirá que el candidato tenga 25 años de ejercicio profesional, en vez de los 15 actuales, “lo que conferirá una mayor legitimidad al fiscal general del Estado”.

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9-JUNIO-2017: La justicia da la razón a CCOO y reconoce cautelarmente el riesgo para la lactancia natural de una trabajadora de una gasolinera. El Juzgado de lo Social nº 1 de Toledo da la razón a CCOO y ha dictado un auto en el que reconoce el riesgo existente para la lactancia natural de una trabajadora de una gasolinera, acordando cautelarmente la suspensión del contrato de trabajo y su derecho a percibir la prestación por riesgo durante la lactancia natural.

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9-JUNIO-2017: Los jueces se sienten maltratados por su órgano de gobierno, el Ministerio y las Comunidades Autónomas. Hace poco más de 48 horas que la Intranet del órgano de autogobierno de los jueces está que arde. La red interna que conecta a los 5.500 hombres y mujeres que administran Justicia cada día en España se ha poblado de correos electrónicos indignados que transmiten la sensación de sentirse maltratados por su propio Consejo, el Ministerio y las Comunidades Autónomas, que son las tres Administraciones de Justicia que tienen que proveerles de medios y de cuidar que sus condiciones de trabajo sean óptimas. Algunos de esos correos electrónicos apelan a una palabra concreta: huelga. No son la mayoría, pero la palabra no es extraña ni alienígena. Emerge de forma natural en los “emails”. “Los jueces no importamos”, afirman algunos, de forma contundente. “A las pruebas nos remitimos”. Los jueces no se quejan sólo de una cosa. Son un cúmulo de circunstancias y acontecimientos. El último de ellos, la implementación del Plan de Urgencia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de manera desigual; 54 Juzgados bis para resolver las demandas por cláusulas abusivas con jueces en prácticas a su frente. Un expediente digital que no funciona porque está hecho para tramitación y no para estudiar asuntos, lo que contribuye a continuos retrasos, dificultades y complicaciones. También es motivo de queja la inexistencia de nuevos módulos de trabajo, que establece el límite de asuntos a resolver por cada juez por motivos de salud, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía que haber tenido ya elaborados, de acuerdo con el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, aprobado para el bienio 2015-2016. Los módulo vigentes -y, por o tanto, legales- son los de 2003. Porque los que se aprobaron en 2013 fueron tumbados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a pesar de lo cual se utilizan como referencia. La adscripción obligatoria de los 67 jueces de menores a juzgados saturados, decidida por el Consejo, también ha levantado fuertes críticas, como la del magistrado Emilio Calatayud. Adscripción realizada en base a esos “módulos inexistentes” de 2013. Otro frente es el de las vacaciones. Los jueces se quejan de que son los que tienen menos vacaciones. Menos que los funcionarios de la Administración y menos que fiscales y letrados de la Administración de Justicia. En materia de retribuciones, señalan, por una parte, que son los que menos cobran de las guardias, y, por otra, que tienen congelados sus salarios desde 2012. Y coinciden en reivindicar la recuperación del 10 por ciento de sus sueldos, que les fue reducido como consecuencia de la crisis y que ya se ha consolidado. Precisamente, las cuatro asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- instaron, el pasado 6 de junio, al presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, a que cumpliera su compromiso de reivindicar ante el Ministerio de Justicia la actualización de su poder adquisitivo.

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10-JUNIO-2017: El problema de la Justicia no es tanto de dinero sino de organización, según El Observatorio de la Actividad Judicial. El modelo de la Administración de Justicia española es un modelo agotado que bebe, en su esencia, de una estructura obsoleta del siglo XIX”, afirmó Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional y director del Observatorio de la Actividad Judicial, durante el acto de presentación de su informe anual, que tuvo lugar el pasado jueves por la tarde en el Colegio de Abogados de Barcelona. “Por ello, podemos afirmar que el problema de la Justicia no es tanto de dinero sino de organización, o de reorganización, para ser más precisos. Hay que cambiar la estructura global del sistema de Justicia, apostando por los tribunales de instancia”, añadió. “Esto no quiere decir que haya que generalizar los tribunales de instancia en todas partes. Hay que estudiarlo con cuidado, porque puede ser que, en algunos sitios, esa no sea la mejor solución. Hay que tener muy presente que el 80 por ciento de la población vive en ciudades y el 20 por ciento en el campo. Esto nos da la pauta de dónde deben implementarse”, prosiguió. El estudio ya es un clásico desde hace 9 años y aporta una visión -desde unos datos objetivos- que pueden ser muy valiosos en estos tiempos en los que la Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia del Congreso de los Diputados, que preside la diputada Margarita Robles, está llevando a cabo una serie de comparecencias con jueces, fiscales, sindicatos, abogados, procuradores, etc, con el fin de llevar a cabo una reforma a fondo de la Administración de Justicia. “La presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, Rosalina Díaz” -avanzó López a Confilegal-, “remitirá el informe a la presidenta de esa Subcomisión -quien también lo es de la Comisión de Justicia-, la diputada Margarita Robles. Estamos seguros de su contenido ayudará a los señores diputados a tomar cualquier tipo de decisión que tengan que asumir, con el mayor conocimiento preciso”. La presidenta de la Fundación, que acoje y financia el Observatorio, también participó en la presentación, junto con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el del ICAB, Oriol Rusca. En relación al informe, el ministro Catalá, que siempre ha defendido en muchas comparecencias le necesidad de contar con estos datos, señalaba que “en cualquier sector necesitamos información para tomar decisiones y estos indicadores son importantes para seguir trabajando en la mejora de la Justicia, para las reformas que tenemos que llevar adelante, con incorporación de nuevas tecnologías y dotando de más medios a la Justicia, mejorando las leyes”. Desde su punto de vista esta publicación va a ser una herramienta muy útil para todos los que tenemos responsabilidades en el ámbito de la Justicia.

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11-JUNIO-2017: Descienden los delitos por odio en España pero se incrementan los de orientación sexual. Este jueves el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentaba el cuarto informe sobre incidentes y delitos de odio en nuestro país donde se aseguraba que uno de cada tres delitos por odio que se produce en nuestro país es por xenofobia. En 2016 se registraron un total de 1.272 incidentes por delitos de odio, un 4,2 por ciento menos que en 2015, los relacionados con la discriminación por sexo y género subieron un 70,8 por ciento, debido sobre todo a la reforma del Código Penal de 2015. El término “delitos de odio” viene a definir una categoría de conductas que presentan como denominador común la presencia de un elemento motivador, el odio y la discriminación. Conductas que se encuentran tipificadas como infracciones penales en nuestro Código Penal, y como infracciones administrativas en las distintas normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico. Así pues, de los resultados del informe correspondiente al año 2016, se aprecia que las lesiones, las amenazas, otros delitos contra la Constitución, los actos racistas, xenófobos e intolerantes en el deporte, los daños, el trato degradante, el abuso sexual, la discriminación y las injurias son las infracciones de carácter penal y administrativo que aúnan un mayor número de registros anotados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Desde el propio Ministerio del Interior se señala que año a año se han mejorado la calidad de las estadísticas sobre estas prácticas. Y que contar con esta retrospectiva de cuatro años ayuda a tener un histórico importante y a valorar el trabajo de las Fuerzas de Seguridad en nuestro país. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las autonómicas registraron en 2016 un total de 1.272 incidentes por delitos de odio, un 4,2 por ciento menos que en 2015, aunque las infracciones relacionadas con la orientación sexual (230) han vuelto a subir en 2016, un 36 por ciento, como también las agresiones a discapacitados, que han subido un 15,9 por ciento. En número global, en España el delito de odio más frecuente en España es el racismo y la xenofobia (416), seguido de los delitos por discapacidad (262), por ideología (259), orientación e identidad sexual (230), por asuntos religiosos (47), por razón de género (41), contra los indigentes (10) y por antisemitismo (7). Tambien se indica que casi un centenar de las 262 denuncias relativas a las personas discapacitadas son abusos y agresiones sexuales

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13-JUNIO-2017: Los juzgados de cláusulas suelo reciben casi 2.000 demandas en una semana a través de Lexnet. Los juzgados especializados en cláusulas suelo registraron 1.986 demandas en su primera semana de funcionamiento a través del sistema electrónico LexNet, por lo que se estima que podrían ser más de 90.000 el primer año, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra de demandas relacionadas con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, entre las que están las conocidas como cláusulas suelo, incluye aquellas presentadas de forma electrónica vía LexNet desde el 1 de junio en las Comunidades Autónomas que tienen este sistema implantado. Solamente Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco no cuentan con este sistema, añade la nota. Teniendo en cuenta que los datos corresponden a la primera semana de funcionamiento, la proyección de esta cifra a un año natural supondría que serían 90.611 las demandas presentadas ante estos juzgados especializados, según los datos facilitados al CGPJ por el Ministerio de Justicia. La media anual de procedimientos ordinarios -no se incluyen los procedimientos verbales ni los monitorios- durante el último lustro (desde 2012 a 2016) fue algo mayor, de 123.511. La proyección de este dato permite estimar en un 73,4 por ciento el incremento anual de los procedimientos ordinarios como consecuencia del ingreso de litigios sobre cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, según el organismo.

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14-JUNIO-2017: Anulan la prueba de una opositora obligada a examinarse a punto de dar a luz. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el examen de una opositora a enfermera que fue obligada a acudir a la prueba pese a estar a punto de dar a luz e incluso tuvo que paralizar el preparatorio del parto que ya había iniciado en el hospital el mismo día de la prueba. Así consta en una sentencia del TSJM donde estima que la actuación llevada a cabo por el tribunal examinador cercenó derechos fundamentales de la mujer reconocidos en la Constitución y otorga la razón a una mujer que solicitaba la anulación del examen de la fase de oposición en la categoría de diplomado sanitario/enfermera del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. Además subraya que la oposición mantenida por el Servicio Madrileño de la Salud a la legítima pretensión ejercitada por la hoy apelada, tanto en vía administrativa como en sede Jurisdiccional, es cuando menos temeraria, por manifiestamente infundada”. Algo que ha obligado a la opositora “a seguir un proceso judicial, largo y costoso, que bien pudiera haberse evitado de actuarse con la mínima diligencia exigible”. La mujer realizó la prueba el 4 de octubre del 2014, por haber sido obligada a acudir a la prueba pese a que esa misma mañana estaba ingresada en el hospital a la puertas de dar a luz, bajo los efectos de oxitocina y sueros, con ocho centímetros de dilatación y monotorización fetal interna, al tiempo que se le había administrado ya anestesia epidural. Los jueces confirman la sentencia que en primera instancia ya había anulado la prueba de acceso y desestiman el recurso presentado por el Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS), al considerar que la actuación llevada a cabo por el tribunal examinador cercenó los derechos fundamentales de la recurrente, en concreto los previstos en los artículos 23 y 14 de nuestra Carta Magna, que reconocen el derecho de todos ante la Ley y el acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos.

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15-JUNIO-2017: El Supremo declara compatible condenar por conducir ebrio y por negarse a soplar. El Tribunal Supremo ha establecido que es compatible la condena simultánea por delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por delito de negativa a someterse a la práctica de la prueba de alcoholemia a requerimiento de agente de la autoridad. Según el Supremo, esta doble condena no vulnera el principio de proporcionalidad, ni el principio ‘non bis in ídem‘, que impide castigar dos veces a una persona por un mismo hecho, considera el alto tribunal. Eso sí, al segundo delito, el de desobediencia, cabe aplicarle la atenuante de embriaguez. Entiende la Sala de Penal del Supremo, que el legislador ha considerado la punición acumulada de ambos tipos penales como necesaria “para reforzar con una mayor eficacia la tutela penal de los importantes bienes jurídicos personales que están detrás de los riesgos de la circulación vial, según se acredita mediante las cifras negras que reiteradamente publica la Dirección General de Tráfico”. De este modo, el alto tribunal desestima el recurso de un conductor que se negó a pasar la prueba de alcoholemia tras ser requerido para ello por una patrulla policial en una calle de Esplugues de Llobregat (Barcelona). Los hechos sucedieron a la una de la mañana del 22 de abril de 2016, tras observar los agentes que había cruzado el coche en la calzada, lo que impedía circular al resto de vehículos. Antes había conducido de forma irregular, dando marcha atrás y marcha delante, al tiempo que discutía con su mujer y forcejeaba con su hijo menor de edad, que iba en los asientos traseros del coche. Tanto el Juzgado de lo Penal número 25 de Barcelona, como la Audiencia Provincial, consideraron probado que el hombre tenía síntomas evidentes de hallarse bajo la influencia del alcohol, tales como comportamiento agresivo, insultante, irrespetuoso, eufórico, excitado, habla pastosa, incoherente y repetitiva, falsa apreciación de las distancias y movimiento oscilante de la verticalidad. Por ello fue condenado a 1.440 euros de multa por el delito contra la seguridad del tráfico al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas (artículo 379.2 del Código Penal) y a 6 meses de prisión por el delito de desobediencia a pasar la prueba de alcoholemia (artículo 383), en este último caso con la atenuante de embriaguez. El condenado recurrió en casación al Supremo, entre otros motivos porque se consideraba condenado dos veces por los mismos hechos, algo prohibido por el principio jurídico “non bis idem”. El Supremo rechaza el argumento y explica que en este caso no se ha castigado el mismo hecho. Así, en el delito del artículo 379.2 del Código Penal, la conducta punible consiste en conducir el vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y en cambio, la conducta prevista en el artículo 383 del Código Penal es la negativa a pasar la prueba de alcoholemia. En este segundo delito, el bien jurídico directamente protegido es el principio de autoridad, y, en el caso del primer delito, el bien tutelado es la seguridad vial. Y en el caso que se juzga, el Supremo no tiene duda alguna de que se dan todos los elementos del tipo penal de conducir bajo los efectos del alcohol. Además, para los magistrados, “tampoco puede cuestionarse que el procurar que la autoridad y sus agentes ejerzan las funciones que les encomienda la sociedad en unas condiciones de legítima eficacia, prohibiéndose aquellas conductas que las dificulten u obstaculicen, constituye un bien jurídico tutelable por la norma penal”.

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Boletín de noticias, segunda quincena de mayo

NOTICIAS JURÍDICAS

16-MAYO-2017: Según una encuesta, el mayor reto de los responsables de cumplimiento normativo es desarrollar una verdadera cultura de compliance. Más de la mitad de los expertos internacionales en cumplimiento normativo considera que el reto más difícil al que se tiene que enfrentar un complianceofficer no es lograr su independencia y autonomía, ni obtener los recursos necesarios, ni tan siquiera lo que a priori pudiera parecer más complicado: involucrar a la alta dirección en la implantación de una praxis empresarial ajustada al marco normativo. Su reto más difícil es desarrollar una verdadera cultura de compliance dentro de la organización.Así lo cree el 55,7% de los más de 300 profesionales expertos en cumplimiento normativo que se dieron cita en Madrid los pasados 11 y 12 de mayo con motivo de la celebración del II Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters y ASCOM. En solo dos años, este evento se ha convertido en el referente mundial para tomar el pulso a las últimas novedades en la materia.El Congreso tuvo un claro carácter participativo ya que los asistentes no solo tuvieron ocasión de debatir con los ponentes, sino que pudieron manifestar sus opiniones sobre los aspectos más relevantes de esta especialidad. A tal fin, se desarrolló una aplicación para el seguimiento del Congreso en la que se formularon distintas preguntas sobre cuestiones basilares de la figura del complianceofficer, en particular y del cumplimiento normativo en general.

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17-MAYO-2017: España es uno de los países de la Unión Europea con menos concursos de acreedores. Nuestro país es el que ha presentado una mayor disminución en cuanto al número de concursos de acreedores en 2016. En comparación con los principales países europeos, el número de concursos en España es muy reducido. El ratio concursos/número de empresas es el menor de los países europeos analizados.Ir a Ver documento Informe internacional concursal REFOR-CGE: Comparativa concursos de acreedores de empresas en principales países de Europa en 2016. El Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR) –órgano especializado del Consejo General de Economistas– ha realizado un nuevo informe comparativo (que se adjunta) sobre el número de concursos en los principales países europeos y su evolución en el año 2016. El informe compara diversas variables económicas: número de empresas, PIB, población y, especialmente, dos magnitudes concursales: el crecimiento de los concursos y el ratio número de concursos/número de empresas.La principal conclusión de este documento del REFOR es que España tiene una evolución peculiar en cuanto al número de concursos de acreedores con respecto a otros países europeos. Por un lado, España es el país de la Unión Europea (entre los siete países analizados: Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Dinamarca y Finlandia) en el que se ha producido en 2016 el mayor descenso en cuanto al número de concursos respecto al año 2015 (-20%). En otros países europeos (como Francia, Alemania e Italia) también disminuyeron, pero dentro de cifras más moderadas, inferiores al 11%, que es lo habitual.Del informe se pueden extraer otras conclusiones, en línea con lo que han venido ya comentando estos expertos de economía forense en los últimos años: la cifra de concursos de empresas en España (4.080 anuales en 2016) continúa siendo inferior a los de otras economías de Europa (Francia, cerca de 58.000; Alemania, 21.518; Reino Unido, 16.502; Portugal, algo más de 7.000, y Dinamarca, 6.674). Hay que destacar el caso de Portugal, país cuyo PIB es 6 veces inferior al de España y con 4 veces menos de población, pero que casi nos dobla en número de concursos.Por otra parte, se observa una cierta correlación entre el incremento porcentual del PIB –una de las variables que se utilizan para observar el crecimiento económico– y la disminución en el número de concursos: España, con un crecimiento del PIB del 3,2% en 2016, presenta una disminución concursal en dicho año del 20%; Alemania crece un 1,9% y disminuyen los concursos un 9%; en Francia su PIB se incrementa un 1,2% y bajan los concursos un 8%; así como en Italia, cuyo PIB sube un 0,9% y se reducen los concursos de acreedores un 8,6%. Según se puede observar, el porcentaje de disminución concursal por el aumento del PIB es mucho mayor en España que en otros países. No obstante, en los países escandinavos y del Norte de Europa, como Finlandia y Dinamarca, no se observa de forma tan clara dicha correlación. Otra conclusión importante del informe es que los países europeos más desarrollados tienen, por regla general, una evolución concursal más constante y uniforme, incrementándose su porcentaje en unos intervalos de +-11%. Pero, según afirman los expertos en economía forense, no es habitual que un país tenga sucesivas evoluciones porcentuales por encima de la media europea, como ocurre en el caso de España (que se sale de la media de los países europeos en cuanto a su evolución concursal –decrecimiento del 20% en 2016, e incluso por encima de este porcentaje en años anteriores–).Por otra parte, si se comparan los concursos de acreedores con el número de empresas existentes –independientemente de su tamaño– en los respectivos países (España, 3,1 millones de empresas; Francia, 2,8 millones; Alemania, 3,7; Reino Unido, 3,6; Italia, 3,9, y Portugal, 1,1), se obtienen una serie de ratios, que ponen en evidencia, para el caso de España, que muchas empresas no acuden al concurso, frente a otros países en los que sí se acude a esta vía de resolución de insolvencias. El coeficiente obtenido en España (0,1) es muy inferior y se aleja del de países de nuestro entorno, como Francia (2,1), Alemania (0,6), Portugal (0,8) y Dinamarca (1,4).Los expertos forenses del Consejo General de Economistas ya realizaron este estudio comparativo europeo en años anteriores y, curiosamente, los datos que se obtuvieron ya entonces parecen repetirse e incluso se podría afirmar que, en vez de converger hacia resto de países Europeos, más bien nos hemos alejado de la evolución concursal europea: el número de concursos de acreedores en España debería ser mayor de lo que manifiestan las cifras oficiales, que son demasiado bajas comparadas con otros países europeos, lo que apunta a una economía sumergida de insolvencias que no acaban en concursos, como muestran los datos del FOGASA.Desde el REFOR señalan que en la próxima reforma concursal a realizar, y en el contexto de modificaciones que se van a introducir en la nueva Directiva Europea de Insolvencias que se está elaborando, deberían tenerse en cuenta estos datos y preguntarse por qué en España se acude menos al concurso que en otros países europeos, e introducir mejoras para resolver las ineficiencias actuales del modelo concursal español y favorecer la resolución de las insolvencias a través de este mecanismo. Entre los problemas de nuestro actual sistema concursal, los expertos del REFOR apuntan, entre otros, la lentitud y el elevado coste de los procedimientos concursales, que desincentivan a los empresarios a la hora de acudir a esta vía legal. También creen que sería necesario limitar los privilegios que mantienen los créditos públicos (Hacienda y Seguridad Social) en estos procedimientos.En este sentido, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha señalado que “pese a los avances normativos de los últimos años en materia concursal, las insolvencias en nuestro país deberían tener un tratamiento más ágil y menos formalista”. Por su parte, el presidente del REFOR, Alfred Albiol, ha destacado que “en nuestro país las situaciones de insolvencia siguen percibiéndose como un estigma, por lo que muchas empresas se resisten a acudir al concurso por una posible pérdida de reputación”.

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17-MAYO-2017: El TC anula parcialmente la regulación del Impuesto Estatal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El Tribunal considera que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”. Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Andrés Ollero.La sentencia reitera la doctrina establecida por el Tribunal en las sentencias 26/2017 y 37/2017, referidas, respectivamente, al establecimiento de este mismo impuesto en los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava. En dichas resoluciones, el Tribunal llegó a la conclusión de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos es constitucionalmente admisible siempre y cuando aquellos respeten el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE); asimismo, señaló que, para salvaguardar dicho principio, el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que “no sean exponentes de una riqueza real o potencial”.El Pleno explica que el objeto del impuesto regulado por la norma estatal ahora cuestionada es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un determinado intervalo de tiempo; sin embargo, el gravamen no se vincula necesariamente a la existencia de ese incremento, sino “a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo computable entre uno (mínimo) y veinte años (máximo)”. Por consiguiente, añade la sentencia, “basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento”.Es decir, el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo. Esta circunstancia, explica el Tribunal, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir “de acuerdo con su capacidad económica (art. 31.1 CE)”.Por todo ello, el Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la ley cuestionada, pero “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”. A partir de la publicación de la sentencia, corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

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18-MAYO-2017: Los representantes de las cuatro principales asociaciones de jueces han mostrado este miércoles su preocupación en el Congreso por la percepción que tiene la ciudadanía de falta de independencia judicial y por la necesidad de reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y convocar más plazas para jueces y magistrados.Así lo han expuesto en la Subcomisión de Justicia, que debe sentar las bases de un Pacto de Estado de la Justicia,los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI).Todos han subrayado que “los jueces son independientes”.Manuel Almenar ha insistido en que “España tiene una justicia absolutamente independiente, con unos profesionales que se están dejando la vida en intentar garantizar el derecho fundamental a la tutela efectiva que tienen todos los ciudadanos”. Pero ha puntualizado que “se ha instalado en la ciudadanía un cliché de apariencia de politización, que no responde a la realidad, pero ha cobrado carta de naturaleza”. “La justicia funciona bastante bien para los medios con los que dispone”.Para Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), ha subrayado que “los jueces somos independientes, el problema es la visión que se da de la justicia y el sistema de justicia”. “Los vocales del CGPJ tendrían que ser elegidos por los jueces porque ahí empieza todo y ahí la percepción que tiene la ciudadanía de que los jueces estamos adscritos a determinados partidos políticos. La culpa no es nuestra, es de los señores que están aquí -en referencia a los parlamentarios- que no les interesa cambiarlo“.En este mismo sentido, Ignacio González Vega, portavoz de JpD, ha señalado que “los ciudadanos españoles, según una encuesta de la Unión Europea tienen una percepción negativa de la independencia judicial”. A raíz de algunas investigaciones criminales, existen algunas evidencias “que hacen ver ciertas presiones por parte de organizaciones políticas y el Ejecutivo entorno a los tribunales”.También ha defendido la modificación del sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces por uno de mayoría cualificada y poder “emancipar” el CGPJ del control político para ayudar a recuperar la credibilidad en la justicia.Para Concepción Rodríguez, de FJI, “los jueces son independientes e imparciales, lo que falla es el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y, por ello, entendemos que deberíamos ir a un cambio de sistema. A lo que propone la Comisión Europea que es que, al menos, la mitad del órgano de gobierno de los jueces sea elegido por y entre sus pares”.Rodríguez ha recordado que hasta la fecha ha habido nueva reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y cada una de ellas ha sido una vuelta de tuerca a la independencia judicial en nuestro país. “La que más ha dañado la institución ha sido la Ley 4/2013 de 28 de junio porque ha desapoderado al Pleno del Consejo del Poder Judicial atribuyendo sus facultades a la Comisión Permanente“.Todos han insistido en que se debe transmitir a la sociedad es un mensaje de confianza en las instituciones. “De nada sirve invertir en justicia si la sociedad no cree en esa justicia y en la capacidad de los jueces para resolver los conflictos que se les planteen de una manera independiente”, ha concluido Almenar.MAYOR NÚMERO JUECES PARA ACERCANOS A LA MEDIA EUROPEA. Otro de los principales problemas es, según las asociaciones, el escaso número de jueces que no llega a la media europea. “La ratio de jueces en Europa es de 21,6 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras en España es de 12,6”, ha señalado Manuel Almenar.Por ello, los jueces insisten en que las cien plazas propuestas en los Presupuestos Generales de 2017, no serán suficientes, más si se tiene en cuenta que 65 serán para jueces y 35 para fiscales. Creen que es necesario la creación de, al menos 600 nuevas plazas.Según la presidenta de FJI, “las plazas convocadas no sirve ni para cubrir la tasa de reposición para los jueces que han fallecido o se han jubilado”.

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19-MAYO-2017: La ONG Transparencia Internacional, con motivo de la reciente reprobación del ministro de Justicia, el fiscal general del Estado y el fiscal Anticorrupción, por parte del Parlamento, a consecuencia de la gestión de la “Operación Lezo”, propone doce medidas para combatir la “sensación social de falta de independencia de la Fiscalía respecto al poder ejecutivo que atraviesa en estos momentos la cúpula política de la Justicia y los máximos responsables del Ministerio Fiscal”.Son estas: 1.- Necesidad urgente de un código ético de la fiscalía. Es urgente la aprobación y publicación de un “Código Ético” de la Fiscalía General, que garantice ante la sociedad que las actuaciones de los miembros y el personal de los distintos órganos y salas de la Fiscalía respondan a unos principios de ética, integridad y transparencia. Ello contribuirá, además, a un aumento de la credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos respecto a esta institución. 2.- Acabar con la dependencia financiera de la Fiscalía respecto al poder ejecutivo que dificulta su necesaria independencia y transparencia. El Ministerio Fiscal precisa disponer de un presupuesto propio para poder ejercer de forma independiente sus funciones. Si como ocurre ahora, depende financiera y presupuestariamente del Poder ejecutivo (Ministerio de Justicia) ello supone una evidente limitación en su independencia.El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (2007) establece la necesaria individualización o autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, disposición legal que diez años después (2017) no se ha llegado a cumplir.El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa viene denunciando este hecho y en sus Recomendaciones al Gobierno de España (Informe 2013) establece la necesidad de impulsar la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal como mecanismo crucial para la confianza pública que la incoación de una acción judicial sea, y parezca, imparcial, objetiva y exenta de toda influencia indebida, en especial de naturaleza política. 3.- Escasez de recursos humanos y lentitud en la justicia. Resulta urgente afrontar por parte de la clase política y los grupos parlamentarios la inadmisible escasez de recursos humanos y materiales de la Justicia en España: Hay en este país aproximadamente la mitad de jueces (11) que la media de la Unión Europea (21) por cada cien mil habitantes. Algo similar ocurre con los fiscales, ya que en Europa hay 12 fiscales por cada cien mil habitantes frente a los 5 fiscales que hay en España. Ello contribuye a una excesiva e inadmisible lentitud de la Justicia en este país.En este sentido, y dada la intolerable demora existente en la instrucción y el enjuiciamiento, resulta tan necesario como urgente adoptar medidas legales e institucionales para duplicar como mínimo la plantilla de jueces y fiscales en un corto periodo de tiempo. La justicia lenta no es justicia, y si se trata de la Justicia penal ello conlleva que el último resorte de intervención y de garantía del Estado no funciona. 4.- Transparencia en los nombramientos. Es necesario que el nombramiento, cese y las entrevistas para ocupar la Fiscalía Anticorrupción sean reuniones públicas y sean grabadas, tal como se hace en numerosos países, y en España para los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Nacional.Es igualmente necesario hacer públicos los nombramientos por el Fiscal General de cargos como los fiscales decanos, o los Delegados anticorrupción, entre otros, los cuales se deberían publicar tanto en la propia web de la Fiscalía como en el Boletín Oficial del Estado (cosa que ahora no ocurre ya que su inclusión no pasa por un Real Decreto). Es muy importante para la transparencia de esta institución que se publiquen estos nombramientos. 5.- Reforma jurídica de la carrera fiscal. Resulta urgente la reforma del Reglamento de Carrera Fiscal que data del año 1969, y la necesaria regulación legal y reglamentaria de esta carrera con el fin de adaptarla a la regulación recogida en la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, y avanzar así en el camino de autonomía e independencia de la Fiscalía General. 6.- Insuficiencia de recursos tecnológicos. El Ministerio Fiscal adolece de claras insuficiencias tecnológicas, y necesita contar con herramientas propias que hagan posible desempeñar sus funciones de una forma eficaz, y que aseguren el principio de unidad de actuación de un Ministerio Fiscal que trabaja en un mapa tecnológico muy complejo donde conviven una gran diversidad de aplicaciones. Una buena parte del nivel de su eficacia operativa depende de la resolución de estas limitaciones tecnológicas. 7.- Asunción de competencias básicas por la Fiscalía General del Estado. Resulta necesaria la reforma del régimen de “formación” de los fiscales, tanto en lo relativo a la formación de quienes ingresan en la carrera fiscal, como de la formación continuada de los fiscales. Es necesario que tanto la selección como el desarrollo de la formación de los fiscales pase a ser competencia del propio Ministerio Fiscal, de cara a aumentar su nivel de independencia en lo relativo a esta importante función para el desarrollo profesional de los fiscales. 8.- Transparencia en los planes de actuación de los fiscales. Es necesaria la publicación de los Planes de actuación de los distintos fiscales jefe y de los fiscales de sala (actualmente sólo se publican, y de forma efímera, los planes de los candidatos a las plazas de estas Fiscalías). Es un elemento básico de transparencia que se publiquen estos Planes, y especialmente el Plan de actuación del Fiscal Anticorrupción, para que los ciudadanos puedan conocer con cierto detalle las actividades que desarrollan y las que tienen previstas.También se deberían publicar las asignaciones, modificaciones o revocaciones de fiscales que pueda haber dentro de la Fiscalía. 9.- Autonomía en la dotación de nuevas plazas de fiscales. Actualmente la dotación de nuevas plazas es un atributo específico del Ministerio de Justicia. Nadie mejor que la Fiscalía conoce sus necesidades para que al menos pueda proponer las dotaciones anuales de las nuevas plazas de esta institución. 10.- Equilibrio de edad y de género. Es necesario un progresivo rejuvenecimiento de la plantilla de los fiscales de los órganos centrales, cuya edad media alcanza los 58 años. También resulta necesario un mayor equilibrio de género en el conjunto general de los fiscales: Actualmente el 70 por ciento son hombres, y el 30 por ciento son mujeres. 11.- Reforma procesal. Es necesaria una importante reforma procesal de manera que el Fiscal sea el instructor, y no el propio Juez que actualmente instruye y dicta sentencia. Debería haber un Fiscal instructor, un Juez de garantías y la Defensa, como los tres ejes fundamentales de los procesos judiciales. 12.- Creación de una Oficina de Prensa en la Fiscalía. Resulta necesaria la creación de una Oficina de prensa en la Fiscalía General, que pueda canalizar la información a los medios, de una manera rigurosa y objetiva, superando las filtraciones, y respetando escrupulosamente el secreto del sumario, de forma similar a lo que ya existe en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional.Sobre este último punto, Transparencia Internacional parece desconocer que esa Oficina de Prensa ya funciona y al frente se encuentra un profesional de la información de contrastada experiencia. “Sin este urgente y necesario aumento de la transparencia y la independencia en la Fiscalía, no se podrá evitar la actual falta de credibilidad social de la misma, y los ciudadanos no verán garantizada la necesaria y decidida lucha contra la corrupción por parte de esta institución fundamental del Estado para combatirla”, concluye la conocida ONG.

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19-MAYO-2017:Resolución de 18 de mayo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052)

Fuente: BOE

26-MAYO-2017: Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores

Fuente: BOE

28-MAYO-2017: Creada la Comisión de Seguimiento del mecanismo extrajudicial para la reclamación de cláusulas suelo. Las entidades de crédito deberán dar información detallada sobre las solicitudes presentadas por los consumidores afectados. También se flexibiliza el plazo de constitución del fondo de reserva de las fundaciones bancarias. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación del mecanismo extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo indebidas. Esta norma desarrolla el Real Decreto Ley del 20 de enero de 2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y regula la composición de la Comisión, las funciones que va a llevar a cabo y las obligaciones de información que tienen que asumir las entidades de crédito.El cauce extrajudicial para la reclamación de los importes indebidamente cobrados por las cláusulas suelo se estableció en enero pasado tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ella se fijó que la restitución de las cláusulas suelo debía producirse desde la fecha de la firma del contrato de hipoteca. Se trata de un mecanismo que permite reclamar ante las entidades de crédito de forma sencilla, rápida y gratuita a los consumidores afectados.La Comisión de Seguimiento se va a encargar de recabar y evaluar la información que le traslade el Banco de España obtenida de las entidades de crédito. Publicará semestralmente un informe en el que se evaluará el grado de cumplimiento del mecanismo extrajudicial de reclamación.Información a remitir por las entidades de crédito. Para cumplir con este objetivo, las entidades de crédito tendrán que remitir la siguiente información:

  • Número de solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo, así como los motivos.
  • Importe correspondiente a las solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo.
  • Número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que hayan ofrecido a los consumidores.
  • Cada entidad deberá informar sobre el sistema que haya implantado para garantizar la comunicación previa a los consumidores, cuyo préstamo hipotecario tiene incluidas cláusulas suelo.
Asimismo, la Comisión podrá solicitar al Ministerio de Justicia información sobre procedimientos judiciales; en concreto, aquellos en los que se ejerciten acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación, incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias y cuyo prestatario sea una persona física. Composición de la Comisión. La Comisión estará integrada por el subgobernador del Banco de España, que la presidirá; el secretario general técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; un representante del Ministerio de Justicia; un representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; un representante del Consejo de Consumidores y Usuarios; un representante del Consejo General de la Abogacía Española; un representante del Consejo General del Poder Judicial y un representante de la Asociación Hipotecaria Española.

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30-MAYO-2017: El Colegio de Abogados de Madrid pone en valor el turno de oficio ante el Rey Don Felipe. La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, acompañada de la Junta de Gobierno, puso en valor el importante servicio de assistencia jurídica gratuita que prestan los abogados del turno de oficio de la capital de España -y su eficacia- en el curso de la audiencia que mantuvieron ayer con el Rey Don Felipe en el Palacio de la Zarzuela.El Rey es colegiado de honor de este Colegio de Abogados y ostenta la presidencia de honor del Comité Organizador del Congreso de la Abogacía Madrileña, evento que reúne cada dos años a los abogados de Madrid por iniciativa del Colegio y cuya segunda edición tuvo lugar los pasados 25 y 26 de abril.Gumpert explicó a Don Felipe el trabajo realizado por la Junta de Gobienro que lidera, al servicio de los colegiados y de la ciudadanía, basado en todo momento en principios como la solidaridad, la formación o el respeto por la ética profesional. También ha destacado el papel de los Colegios como garantes de la deontología profesional.De la misma forma, informaron al monarca de las distintas actividades que impulsa el colegio y en asuntos que centraron el interés de Don Felipe, como la función preventiva de la abogacía o la importancia de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos.Junto con Gumpert asistieron el vicedecano, Manuel Valero, la secretaria de la Junta, Carmen Pérez Andújar, y los diputados Marisol Mesas, Mayte Nadal, Begoña Castro, Javier Iscar, Alejandro Alonso y José Manuel Pradas. El Colegio de Abogados de Madrid fue fundado en el siglo XVI, bajo el reinado de otro monarca del mismo nombre: Felipe II.

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30-MAYO-2017: Los jueces advierten de colapso en los juzgados para cláusulas suelos a dos días de su entrada en funcionamiento. Los 50 jueces decanos de toda España han hecho público un comunicado este martes en el que advierten de una situación de colapso en los juzgados -uno por provincia- que se especializarán en investigar las denominadas 'cláusulas suelo' abusivas en hipotecas a partir del próximo jueves. Avisan de falta de medios humanos y materiales y de imprevisión en la puesta en marcha de este tipo de órganos.El comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, se refiere al plan concretado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 25 de mayo, y señala que lejos de acelerar estos procesos lo que ocurrirá será lo contrario con el consiguiente perjuicio para el ciudadano.Recuerdan que el pasado 21 de febrero una representación de jueces decanos se reunió con representantes del CGPJ que aseguraron que no se aplicaría el "Plan de Urgencia" que implicaba la creación de dichos Juzgados provinciales especializados si no se disponía de medios humanos y materiales.A fecha de hoy, a tan sólo dos días de que comience el reparto a los nuevos Juzgados especializados de ámbito provincial, los jueces decanos constatan que en muchas ciudades con que no se dispone de la dotación mínima necesaria para que estos órganos especializados entren en funcionamiento. "Lógicamente, el desconcierto entre los jueces es absoluto", añaden en su nota.Por ello, advierten que el próximo jueves día 1 de junio de 2017 puede ocasionarse el colapso de dichos juzgados desde el mismo momento de su nacimiento, y que las centenares de demandas que está previsto que correspondan a cada uno de ellos de toda la provincia pero no podrán tramitarlas por falta de medios.Los jueces decanos -que son elegidos por sus compañeros en cada provincia- consideran entonces que "la imprevisión y falta de coordinación que ya viene siendo habitual- entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas ha llevado a esta situación en muchas ciudades de España dejando abandonados a su suerte a los jueces afectados sin que nadie aporte soluciones efectivas a dos días de su entrada en funcionamiento".Califican además de "sorprendente" que mañana miércoles, a un día de la puesta en funcionamiento de los juzgados especializados, esté prevista una reunión entre el CGPJ y las comunidades autónomas para tratar la problemática."La preocupación por este asunto en la judicatura es enorme, siendo su única inquietud dar un servicio adecuado, ágil y eficaz al ciudadano, tarea sencillamente imposible si no se dota a los jueces de los medios imprescindibles para el desempeño de sus funciones", añaden.Por todo ello, los jueces decanos piden al CGPJ que reitere a Justicia y a las comunidades autónomas que cumplan su obligación de dotar de medios personales y materiales a dichos Juzgados provinciales.También se dirigen a las Salas de Gobierno de los diferentes tribunales superiores, para que eleven consulta al CGPJ en el caso de que no se disponga de los medios personales y materiales suficientes para poner en marcha el Juzgado provincial de apoyo al Juzgado especializado el próximo jueves día 1 de junio.Por su parte, los jueces decanos convocarán Juntas de Jueces en aquellas sedes donde los Juzgados provinciales especializados carezcan de los medios necesarios para entrar en funcionamiento, o sean insuficientes.

Fuente: http://consultorjuridico.wke.es

30-MAYO-2017:Un tercio de las organizaciones ha sufrido un ciberataque en los últimos 24 meses. La vulnerabilidad ante la ciberseguridad se encuentra en cotas máximas, y un tercio de los responsables de TI (32%) afirma que su organización ha sufrido un ciberataque importante en los últimos 24 meses, lo que apunta a un alza del 45% frente a las cifras de 2013. Además, sólo uno de cada cinco (21%) afirma estar «muy bien» preparado para responder a estos ataques, en comparación con el 29% de 2014.Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del CIO Survey 2017 de Harvey Nash y KPMG, la mayor encuesta a responsables de TI del mundo, que cumple su decimonovena edición.Pese a la gran visibilidad y la extensa cobertura en medios que se da a este tipo de ataques, como en el reciente caso del secuestro a cambio de un rescate de archivos WannaCry, el mayor incremento en términos de amenazas procede de los ataques dentro de la propia empresa (creciendo desde el del 40% al 47% durante el año pasado).Aunque dos terceras partes (64%) de las organizaciones están adaptando su estrategia tecnológica debido a una incertidumbre política y económica sin precedentes a escala global, la encuesta destaca que el 89% está manteniendo o incrementando su inversión en innovación, así como en mano de obra digital. Más de la mitad, un 52%, invierte en plataformas tecnológicas más ágiles para impulsar la capacidad de innovación y adaptación de su empresa.

Fuente: http://www.legaltoday.com

31-MAYO-2017: Justicia estudia hacer obligatoria la sesión informativa previa a la mediación. Para Julio Fuentes, actual coordinador de la Unidad de Derecho Concursal, Arbitraje y Mediación del Ministerio de Justicia, la falta en nuestro país de una tradición voluntaria de soluciones alternativas a los conflictos judiciales es evidente .“Por este motivo el Ministerio de Justicia está analizando la posibilidad de introducir cambios en el sistema, a través de la modificación de la Ley de mediación, de la de enjuiciamiento civil y de la de asistencia jurídica gratuita para, a medio plazo, sin abandonar la voluntariedad, pasar a una “voluntariedad mitigada”.Así lo aseguró en la mesa redonda titulada “Gestión eficiente de los conflictos en las empresas: bestpractices internacionales”, organizada en ESADE. Junto a él, Teresa Duplá de ESADE, Maria Belén Pose de la Asesoría Jurídica de ARAG, Lidia Peyrona, responsable legal en IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Juan Antonio de Rueda, director de CorporateAffairs en Equatorial Coca-Cola, también intervinieron.Si se hace balance de los cinco años de vigencia Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles el resultado es que hay aún mucho trabajo por hacer. Por ello, durante su intervención, Fuentes, insistió en hay que fomentar la mediación y contar con nuevos mediadores e instituciones especializados, con experiencia en este ámbito, junto a una legalidad que genere confianza y transparencia”.

Fuente: https://confilegal.com

31-MAYO-2017: Hacienda reitera que la prestación por maternidad tributa pese al criterio del TSJ Madrid. La Dirección General de Tributos ha reiterado en una reciente consulta, Consulta Vinculante V0954-17, de 18 de abril de 2017, su criterio en relación a la tributación de las prestaciones por maternidad satisfechas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.La consultante plantea nuevamente la cuestión para conocer si tras la sentencia del TSJ de Madrid de 6 de Julio de 2016, la DGT ha modificado su parecer. Esta sentencia interpretó el art. 7 h) de la LIRPF en el sentido de incluir entre las prestaciones exentas aquellas que se satisfacen tanto por la mencionada entidad gestora de la Seguridad Social -INSS- como aquellas que tengan procedencia en otros entes públicos, locales o autonómicos.No obstante lo cual, y pese a los razonamientos de tal sentencia, la DGT no ha cambiado su doctrina, la cual además se encuentra avalada por una Resolución del TEAC de 2 de marzo de 2017, que fija criterio al respecto, en la que se sostiene que la prestación por maternidad pagada por la Seguridad Social no está prevista en la normativa como renta exenta. En palabras del propio TEAC, «esta prestación que es de naturaleza laboral y contributiva, no tiene la condición de prestación familiar y por lo tanto no queda encuadrada en los supuestos de exención contenidos en el art. 7 LIFPF».En su contestación señala «Con base en el artículo anteriormente mencionado, las prestaciones públicas del régimen general de la Seguridad Social por el concepto de "maternidad" no estarán exentas del Impuesto. El cuarto párrafo de la letra h) del artículo 7 citado dispone que "también estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales", por lo que solamente es aplicable la exención a las prestaciones por maternidad satisfechas por los citados entes territoriales».

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31-MAYO-2017: Las Administraciones se comprometen a colaborar con el plan de urgencia del CGPJ para hacer frente a las demandas por las cláusulas suelo. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia se han comprometido hoy a colaborar con el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial para hacer frente al previsible aumento de litigios en relación con las cláusulas suelo como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016.Así lo han expresado los representantes de estas Administraciones durante la reunión de la comisión de coordinación CGPJ-Justicia-CCAA que se ha celebrado en la sede del órgano de los jueces para tratar el plan de urgencia aprobado el pasado jueves por la Comisión Permanente y que se pondrá en marcha mañana, fecha en la que será efectiva la especialización de 54 Juzgados de Primera Instancia en materia de litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarios cuyo prestatario sea una persona física.En la reunión han participado el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes; los vocales de la Comisión Permanente Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Gerardo Martínez Tristán, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; y representantes de las Consejerías de Justicia de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, el País Vasco y La Rioja.

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31-MAYO-2017: Dos empresas multadas con más de 450.000 euros por usar software sin licencia. O El Juzgado de lo mercantil número 2 de Alicante acaba de imponer una indemnización de más de 450.000 euros a las empresas VicedoMarti y Enfavi por uso demostrado de software sin licencia.Según indico BSA The Software Alliance, entidad que agrupa a las principales empresas del sector, estamos hablando de una de las mayores sanciones económicas impuestas en nuestro país por infracción de los derechos de propiedad intelectual del software. El despacho ECIJA y su socio Carlos Pérez ofrecen el apoyo jurídico a esta organización empresarial en nuestro país.Cuatro de cada diez programas de software utilizados en empresas españolas no cuenta con la licencia correspondiente. La lucha contra la piratería también es importante en el mundo del software.Desde la corporación BSA The Software Alliance, entidad que agrupa a las principales empresas de software, se ha informado de la resolución adoptada por el juzgado de lo mercantil número 2 de Alicante por la que se condena a dos empresas a pagar más de 453.000 euros en daños y perjuicios por la reproducción de programas de software sin licencia.Según Carlos Pérez, socio responsable del área de IT, Risk&Compliance de la firmal legal Ecija, despacho que da servicio a BSA en España “esta sentencia es un ejemplo de los graves riesgos legales a los que se enfrentan las empresas que utilizan para su beneficio software sin adquirir los derechos del mismo a través del correspondiente acuerdo con el fabricante.Además de ser un acto de clara competencia desleal, supone una infracción que como vemos puede tener consecuencias económicas y operativas muy importantes”.

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Boletín de noticias, primera quincena de mayo

NOTICIAS JURÍDICAS

2-MAYO-2017: 650.000 conductores fueron condenados por delitos contra la seguridad vial entre 2008 y 2015. Aquella noche del fatídico 29 de septiembre del 2003 supuso un antes y un después en cuanto a la seguridad vial en una calle sevillana. Con el semáforo en rojo, un potente BMW abandona su carril e invade el sentido contrario para sortear a los vehículos que, pacientemente, esperan a la luz verde. Algunos le increpan, pero el conductor, un joven y famoso bailaor de flamenco, no se inmuta y acelera hasta los 90 Km/h en una zona limitada a 40 Km/h. En aquel mismo momento, Benjamín Olalla, un mecánico sevillano de 35 años, cruzaba correctamente por el paso de peatones, ajeno a lo que sucedía alrededor. El impacto fue brutal. El cuerpo de Benjamín se elevó a 4 metros de altura, estrellándose a continuación contra el asfalto. El coche, lejos de detenerse, aceleró, perdiéndose a gran velocidad en las calles de la capital andaluza. El resto es de sobra conocido. Es el relato del caso Farruquito, un homicidio que supuso un antes y un después en la represión y el control de la delincuencia vial. La condena, que apenas le supuso al bailaor 14 meses reales de prisión, causó una fuerte alarma social que acabó provocando un gran cambio legislativo en materia de seguridad vial. 14 años después de este suceso, los delitos contra la seguridad en el tráfico se han convertido en los más habituales en los juzgados españoles, ya que suponen el 35% del total de delitos que se cometen en España. De hecho, las cifras impresionan: desde 2008 se han celebrado casi 900.000 juicios sobre seguridad vial, de los cuales 650.000 han terminado en condena. En este sentido, la proporción de sentencias condenatorias también ha experimentado una gran evolución en los últimos años, pasando del 66% registrado en 2008 al 85% en 2015. Éstas son algunas de las principales conclusiones del estudio “Delitos y criminalidad vial en España. Evolución de la delincuencia contra la seguridad vial (2012-2015)”, presentado hace unos días por la Fundación Línea Directa y realizado en colaboración con FESVIAL (Fundación Española para la Seguridad Vial). El informe, que fue presentado por Francisco Valencia, presidente de dicha fundación, analiza en profundidad más de 580.000 juicios por delitos contra la seguridad vial y alrededor de 450.000 condenas impuestas entre los años 2012 y 2015, se completa con una encuesta realizada a 1.700 conductores de toda la geografía nacional que recoge la percepción de los españoles sobre estos tipos penales.

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3-MAYO-2017: Instituciones andaluzas exigen que las secciones penales del TSJA se queden en Granada. La Delegación del Gobierno andaluz, el Consejo Consultivo de Andalucía y representantes del ámbito político y judicial de Granada defienden que las secciones de apelación de lo penal permanezcan en esa ciudad, y no en Málaga y Sevilla, como ha acordado por mayoría (23 votos a favor de los 28 asistentes) la Sala de Gobierno del TSJA, propuesta sobre la que tendrá que pronunciarse ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Posteriormente, y tras pasar el trámite del CGPJ, la decisión deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros. Por ello, estas instituciones solicitan una reunión urgente con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para trasladarles esta petición de que las nuevas secciones penales se queden en Granada. Además, no descartan plantear un recurso contencioso-administrativo si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidiera en otro sentido, al entender que contradice lo recogido en el Estatuto de Autonomía y la capitalizad judicial de Granada. Tras la reunión mantenida este martes en el salón del plenos del Ayuntamiento, el alcalde de la Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha aseverado que este tema “no es una cuestión de confrontación entre territorios” sino de defensa de “la eficacia de la justicia” y del Estatuto de Andalucía, “que se ven amenazados por la decisión que pueda tomar el CGPJ”. El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, ha recordado que el Estatuto de Autonomía sitúa a Granada como “sede de la capitalidad jurídica de Andalucía” sin perjuicio de que existan algunas salas, si bien “lo contempla como una excepción”. “Las decisiones que ahora se están adoptando van en el sentido de vaciar de contenido la capitalidad y esto es una cuestión intolerable porque el Estatuto de Autonomía no es sólo una ley orgánica sino, sobre todo, un pacto político entre la comunidad autónoma de Andalucía y las instituciones del Estado y las Cortes Generales” que vincula “a todos los poderes públicos”, concluye Cano Bueso. Emilio de Llera, consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. EMILIO DE LLERA PIDE QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACION DE ANDALUCÍA. El consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, ha enviado también una carta al ministro del ramo y al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que les manifiesta la voluntad de la Junta de que las secciones de apelación de lo penal permanezcan en Granada, sede del TSJA. De Llera subraya que no concurren “circunstancias objetivas” que fundamenten el desplazamiento de dichas secciones, que en su opinión deben permanecer en la misma sede que la Sala (de lo Civil y lo Penal) a la que pertenecen, es decir, Granada, donde se ubica el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Según el consejero el Estatuto de Autonomía determina “con claridad” que Granada es la sede del TSJA “sin perjuicio de que algunas salas puedan ubicarse en otras ciudades de la comunidad autónoma”, como de hecho ocurre, explica, con las salas de lo Social y Contencioso de Málaga y Sevilla, determinadas por la ley de Demarcación y Planta. Resulta por tanto “necesario”, agrega el consejero, contar con la participación de la comunidad autónoma “en todo cuanto afecte a la demarcación judicial de su territorio”. Además, el consejero recuerda también que las competencias del CGPJ, entre las que figura la constitución de órganos judiciales fuera de su sede, requieren del informe favorable de la administración competente -en este caso la Junta- cuando comporten un incremento de gasto, como, dice, ocurriría en este caso.

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4-MAYO-2017: Justicia inicia el despliegue del Expediente Judicial Electrónico en todos los tribunales. Una justicia sin papel, tecnológica y ágil. Este es el objetivo de "Justicia digital", cuyo siguiente paso es el de la implantación del denominado "expediente judicial electrónico". El proyecto del expediente judicial electrónico constituye uno de los ejes principales del proceso modernizador de la Administración de Justicia. El expediente judicial electrónico es ya una realidad en la Audiencia Nacional (la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que se convirtió, el 14 de junio de 2011, en el primer órgano en desplegar el expediente judicial electrónico), así como en otras sedes judiciales que lo han implantado en una fase piloto. Hoy, 4 de mayo se inicia el proceso para extenderlo progresivamente a la totalidad de partidos judiciales del territorio ministerial. Fundamentalmente supone un cambio de modelo: el expediente deja de ser un conjunto de papeles que se traslada y pasa a ser un conjunto de información en formato electrónico, accesible para todos los intervinientes y donde los procesos de tramitación toman un papel protagonista. El nuevo expediente judicial electrónico permite que todos los intervinientes judiciales accedan al mismo expediente y documentación, lo que ahorra tiempo, optimiza recursos y agiliza la tramitación de los procedimientos. El proceso de implantación del expediente judicial electrónico precisa de un trabajo previo de digitalización de todos los documentos de los expedientes, bajo un sistema seguro y de manera certificada, así como la implantación de un sistema de gestión documental. La digitalización de los expedientes también mejora la accesibilidad a la información por parte de los profesionales judiciales autorizados, que podrán acceder a un mismo documento desde distintos canales y al mismo tiempo. Además también favorece la comunicación entre órganos jurisdiccionales.

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5-MAYO-2017: Las asociaciones de jueces de Madrid se sienten “ninguneadas” por la Consejería de Justicia. La sensación que tienen las asociaciones de jueces de Madrid es de “ninguneo”, dicho así, de forma clara, y a bote pronto. Han pasado tres meses desde el anuncio de un “Plan de choque” y del “Plan de choque” para la Justicia de Madrid nada de nada. Cuatro veces les prometieron, desde la Consejería de Justicia y Presidencia de la Comunidad de Madrid, que es de quien dependen los medios materiales y humanos, que les entregarían el “Plan de choque”. Y cuatro veces han incumplido. La confianza, ese bien tan preciado como el oro, pero altamente volátil, se esfuma por momentos entre los jueces. A pesar de que la máxima autoridad de la Comunidad de Madrid, la presidenta Cristina Cifuentes, proclama a diestro y siniestro su compromiso más absoluto con la lucha contra la corrupción que tiene el corazón de su partido en un puño, con la “operación Lezo”. Quiera la providencia que no se vuelva a incendiar de nuevo una sede judicial, como la de Torrejón, o que se caiga una pared de algún juzgado, o que alguien se electrocute accidentalmente, porque tendríamos el follón montado otra vez, sólo que multiplicado por cinco en intensidad. La Consejería de Justicia y Presidencia de la Comunidad de Madrid (CAM), que dirige el popular Ángel Garrido, se comprometió en su momento, por primera vez, con los jueces decanos y con las asociaciones judiciales a presentarles un “Plan de Choque” para el 13 de febrero de 2017. El 13 de febrero, lunes, era una fecha muy importante; el día siguiente a la celebración del Congreso Nacional del Partido Popular, que se celebró en la capital de España. Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad, necesitaba llegar en loor de multitudes a los suyos, desactivando previamente las dos bombas de tiempo que en ese momento podían estallarle en plena cara. Una, la de la diputada supuestamente acosada, Elena González-Moñux -el voto que le daba la mayoría absoluta para aprobar los presupuestos que ahora se dirimen-, y otra, la del “motín” de los jueces, por la situación en la que se encuentran las sedes judiciales. Garrido desactivó la de González-Moñux a pocas horas de comenzar el Congreso y la de los jueces, días antes, con una batería de promesas de un mundo mejor que se materializarían en el “Plan de choque”. Prometió a las asociaciones judiciales que sería facilitado una semana antes de la celebración de la reunión de la primera Mesa de la Justicia, que tuvo lugar el 3 de abril, un mes y 20 días después del 13 de febrero. “Plan de choque” que debería describir un catálogo de 190 actuaciones que el viceconsejero Enrique Ruiz Escudero -en quien Garrido delegó- consideraba “urgentes” y en el que, en una primera fase, se iban a invertir 1.850.000 euros de los ya presupuestados para 2016 “indicando partido judicial, sede, tipo de actuación y gasto”. Pero el “Plan de choque” no se materializó. Para la próxima. Que será el 8 de mayo, como bien indican en un comunicado hecho público hoy. “En el día de ayer, 3 de mayo, la Comisión Interasociativa de Madrid -formada por la APM, la Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- recibió la convocatoria a la siguiente reunión, el día 8 de mayo de 2017, tres días hábiles antes de la segunda Mesa de trabajo”, cuentan los jueces de la Interasociativa. En la convocatoria, se hacía constar que el objetivo de la misma era “analizar el Plan de choque sobre situación de Órganos Judiciales, Ministerio Fiscal y Personal, para lo que les remitimos el informe elaborado al efecto, con el ruego de que nos remitan las consideraciones que entiendan adecuadas en relación al mismo a fin de que sean abordadas en dicha convocatoria. Con respecto a las actuaciones y el cumplimiento de las medidas en el Plan de Infraestructuras Judiciales, estas serán informadas por el Viceconsejero en la mesa”.

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8-MAYO-2017: El momento más difícil: Catalá y Maza explicarán este miércoles en el Congreso el caso Lezo. El ministro de Justicia Rafael Catalá y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparecerán el próximo miércoles en el Congreso para aclarar determinadas informaciones relativas al caso Lezo, que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Es el momento más difícil, para ambos, en esta legislatura. Las comparecencias de ambos llegan tras la vorágine de la operación Lezo, donde todos los grupos de la oposición han pedido explicaciones las sobre algunas decisiones del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, y del supuesto chivatazo a González de que estaba siendo investigado. Está previsto que el ministro Catalá sea preguntado en su comparecencia por el mensaje de texto enviado a González el pasado noviembre: “Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos“, escribió Catalá a González en noviembre de 2016, en respuesta a la felicitación de éste por su continuidad en el Gobierno. Un mensaje que, según sostiene el propio ministro, no aludía a “cuestiones judiciales”, sino que era “de cortesía” y le trasladaba su deseo de que se ordenara “la situación política en España“, con el tema de las elecciones de fondo. Sin embargo, la oposición no lo ha entendido así y pedirá al ministro que aclare si se ha obstaculizado la investigación de “la corrupción del PP”, aunque Podemos va un paso más allá al reclamar la reprobación del ministro de Justicia por ser el “responsable político máximo” de las supuestas irregularidades en el Canal Isabel II. Además de este asunto, el ministro Catalá explicará ante la Comisión de Justicia las medidas puestas en marcha por el Gobierno para reforzar la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.

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8-MAYO-2017: 4 mujeres y 2 hombres aspiran a suceder a Grande-Marlaska en la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Son 4 mujeres y 2 hombres los que han dado un paso al frente y han presentado su candidatura para suceder a Fernando Grande-Marlaska al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional durante los próximos 5 años. Las mujeres son Manuela Fernández Prado, 58 años, 381 en el escalafón y 33 años de antigüedad en la carrera judicial; Concepción Espejel Jorquera, 57 años, puesto 285 en el escalafón, y 34 años de rodaje como juez y magistrada; Teresa Palacios Criado, de 57 años, 338 en el escalafón y 35 años en la magistratura; y Carmen Lamela Díaz, de 56 años también, 567 en el escalafón, y 31 años como juez y magistrado, titular, en estos momentos, del Juzgado Central 3 de Instrucción de la Audiencia Nacional. Los hombres son Fermín Javier Echarri Casi, 57 años, 2925 en el escalafón y una antigüedad de 12 años y tres meses como magistrado; y Juan Pablo González, 56 años, 1368 en el escalafón y 27 años de antigüedad en la carrera judicial. A todos les tocará explicar el próximo martes, ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones de Comisión de Calificación, quiénes son, que han hecho y que harían si fueran elegidos para esa responsabilidad que Grande-Marlaska ha venido ostentando durante los últimos cinco años. Grande-Marlaska, por una parte, pasará a formar parte de la Comisión Permanente a partir del próximo 1 de junio, y, por otra, no podía renovar en el cargo, por su condición de vocal del CGPJ. Los aspirantes tendrán diez minutos para persuadir a los 8 miembros de la Permanente -y cualquier otro vocal que desee unirse al acto. El primero en comparecer será “el hombre” de Grande-Marlaska, a quien el magistrado ha dado su apoyo para sucederle. Su “hereu”, que dirían los catalanes

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9-MAYO-2017: La PCIJ presenta una denuncia ante Fiscalía para saber quien es la magistrada “amiga de la casa” que avisó a La Razón. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que abra una investigación para determinar quien fue la “magistrada amiga de la casa” [la Audiencia Nacional] que avisó a algunos de los investigados en la “operación Lezo” de que sus conversaciones telefónicas estaban siendo intervenidas por orden judicial. “Según ha aparecido recientemente en diversos medios de comunicación, ha sido filtrada información secreta contenida en el sumario de la llamada ‘operación Lezo’ tramitado en la Audiencia Nacional por el magistrado don Eloy Velasco, de tal suerte que algunos de los investigados en dicha causa habrían sido advertidos por una ‘magistrada amiga de la casa’ (sic) de que sus conversaciones telefónicas estaban siendo intervenidas por orden judicial”, dice la denuncia. Desde el punto de vista de la PCIJ, es imprescindible abrir una investigación para determinar posibles responsabilidades penales. “Urge la incoación de un procedimiento penal para el esclarecimiento de la noticia criminal pues, de acreditarse tales hechos, constituirían indiciariamente un grave delito que compromete la confianza de los ciudadanos españoles en el normal funcionamiento del Estado de Derecho. Instamos, por tanto, a la Fiscalía a que adopte las medidas conducentes a tal efecto”, concluye la denuncia.

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9-MAYO-2017: Rivera presenta el Decálogo “Una justicia independiente para luchar contra la corrupción”. Albert Rivera presentó ayer en sociedad el Decálogo “Una justicia independiente para luchar contra la corrupción”, en el Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, que presento un lleno hasta la bandera de seguidores de la formación naranja. El decálogo, una destilación de la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que Ciudadanos presentó el pasado mes de febrero, sintentiza la posición de este partido político frente al fenómeno de la corrupción, que, según Rivera, “ni es una plaga bíblica ni está en la condición humana”. Los puntos del decálogo son: 1.- Eliminar los partidismos en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. 2.- Eliminar los aforamientos políticos. 3.- Reforzar la autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno y la eficacia en la investigación de los casos de corrupción sin que haya injerencias políticas. 4.- Fortalecer la carrera de jueces y fiscales asegurando el mérito, la capacidad y la especialización. 5.- Asegurar que el nombramiento y cese del Fiscal General no dependan exclusivamente del gobierno de turno. 6.- Despolitizar el Tribunal Constitucional y los TJ autonómicos y garantizar que sus miembros se eligen por mérito y capacidad y trayectoria y no por su proximidad a ningún partido político. 7.- Acabar con las puertas giratorias. 8.- Proteger a los denunciantes de casos de corrupción. 9.- Incrementar los medios humanos, tecnológicos y materiales de la Justicia sin restricciones temporales a la investigación de la corrupción. 10.- Prohibir los indultos por corrupción política. Durante su intervención, Rivera fue desgranando cada punto.

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9-MAYO-2017: El Tribunal Supremo ratifica la indemnización de 724.000 euros del Estado a Roberto Heras por positivo en un control antidopaje que fue anulado. La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del abogado del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 22 de enero de 2016, que reconoció al exciclista Roberto Heras Hernández y a la sociedad Bejar&Barcycling Sport S.L. una indemnización de 724.904 euros derivada de la anulación judicial de la sanción que se le impuso al deportista a raíz de dar positivo en EPO en un control antidopaje en la Vuelta Ciclista a España del año 2005. La sentencia ratificada anuló la resolución del Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Deporte, por delegación del ministro, de fecha 30 de octubre de 2014, por la que se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Heras. Según recoge la sentencia, los hechos en los que Roberto Heras fundó su reclamación fueron los siguientes: El día 17 de septiembre de 2005, al finalizar la vigésima etapa de la Vuelta Ciclista a España, Heras fue sometido a control antidopaje, determinándose que en su muestra de orina había Eritropoyetina recombinante, una sustancia prohibid. El Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva (CNCDD) de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) incoó expediente sancionador por acuerdo de 2 de diciembre de 2005, que concluyó con la resolución del (CNCDD) sancionando a Heras con la anulación de los resultados individuales obtenidos en la Vuelta Ciclista a España 2005 y la suspensión de dos años de la licencia federativa por infringir lo dispuesto en los artículos 15.1 y 15.2 del Reglamento Antidopaje de la Unión Ciclista Internacional. Recurso de Roberto Heras. Tras agotar la vía administrativa contra la sanción, Heras interpuso recurso contencioso administrativo contra las resoluciones del (CNCDD) de la Real Federación Española de Ciclismo y del Comité Español de Disciplina Deportiva. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó sentencia el 14 de junio de 2011, anulando ambas resoluciones. La sentencia resuelve que el CEDD no debió declararse incompetente para conocer del recurso de alzada contra la imposición de la sanción y, por razones de economía procesal, entra a enjuiciar la resolución sancionadora y la anula al apreciar irregularidades en el procedimiento de la toma de muestras. Contra esa sentencia interpusieron recurso de casación tanto la Real Federación Española de Ciclismo como el Comité Español de Disciplina Deportiva del Consejo Superior de Deportes que es desestimado por el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de diciembre de 2012, que confirma el criterio de la Sala de Valladolid. Tras ello, con fecha 10 de diciembre de 2013, Roberto Heras y BEJAR&BARCYCLING SPORT SL presentaron en el Consejo Superior de Deportes una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños, que evalúan en 1.079.048.86 euros y que atribuyen a las resoluciones administrativas que concluyeron con la sanción por dopaje posteriormente anuladas judicialmente. El Ministerio de Educación desestimó su reclamación, pero la Audiencia Nacional revocó esa decisión y estimó parcialmente el recurso del exciclista, reconociendo su derecho a ser indemnizado en 724.904 euros (655.904 para él y 69.000 para BEJAR&Barcycking Sport). El Supremo desestima ahora el recurso del abogado del Estado contra la declaración de responsabilidad patrimonial al ratificar la concurrencia de los requisitos de antijuridicidad, nexo causal y efectividad del daño. El alto tribunal destaca que fueron las resoluciones administrativas sancionadoras las originadoras del daño causado al exciclista. "Es la sanción impuesta la causa directa, inmediata y exclusiva de que se rescindieran los contratos laborales y de patrocinio y de que el Sr. Heras se viera privado de ejercer como ciclista profesional durante el tiempo de la sanción, con independencia de que en la rescisión de aquellos contratos intervinieran terceros".

Fuente: http://www.legaltoday.com

10-MAYO-2017: El TJUE avala que las madres extranjeras de un menor europeo obtengan permiso de residencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia de fecha 10 de mayo de 2017 en el asunto C?133/15, que reconoce el derecho de los extranjeros con hijos nacionales de alguno de los países de la Unión de obtener un permiso de residencia. ste permiso de residencia es necesario en la mayor parte de los casos para acceder a trabajos, subvenciones, y ayudas asistenciales. El Tribunal de Justicia recuerda a estos efectos su jurisprudencia según la cual el artículo 20 TFUE se opone a medidas nacionales, incluidas las decisiones que deniegan el derecho de residencia a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, que tengan por efecto privar a los ciudadanos de la Unión del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por su estatuto de ciudadano de la Unión. Por tanto se trata de preservar estos derechos respecto de cualquier niño europeo. Por ello, el tribunal interpreta el Tratado Fundacional (artículo 20) en el sentido de que las legislaciones nacionales deben evitar medidas, como la de denegar el permiso de residencia a su progenitor, nacional de un país tercero, que provoquen que el menor se vea obligado a abandonar el territorio de la Unión. Para apreciar ese riesgo es preciso determinar cuál es el progenitor que asume la guarda y custodia efectiva del menor y si existe una relación de dependencia efectiva con el progenitor no europeo.

Fuente: http://noticias.juridicas.com

11-MAYO-2017: La Mutualidad de la Abogacía cierra el 2016 con un crecimiento de ahorro gestionado del 12,73%. En su primer acto institucional como presidente de esta entidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, acompañado por el director general de la institución, Rafael Navas Lanchas, y otros cargos de la Mutualidad de la Abogacía, ha presentado los resultados de la Memoria de actividades y el Balance de gestión del pasado ejercicio 2016, así como el presupuesto para 2017. Sanz Fernández-Lomama que alabó la tarea de su predecesor, Luis de Angulo, anterior presidente de la entidad en los últimos veintiún años, fallecido recientemente destacó que la Mutualidad de la Abogacía cerró sus cuentas del 2016 con un superávit de 30,4 millones de euros. El volumen de las aportaciones ingresadas se ha elevado hasta alcanzar los 598,4 millones de euros, frente a los 531,6 millones del año 2015. Este excedente se va a acumular íntegramente a reservas, reforzando de este modo los fondos de solvencia. Los fondos propios alcanzarán, con esta aportación adicional, los 296,4 millones, un 11,42% más que el año anterior. El nuevo presidente de la Mutualidad, indicó que la entidad estaba en una etapa de cambios “hemos modificado la web y revista de la entidad y a lo largo de este año habrá una nueva imagen corporativa de la institución”. También recordó que esta entidad ya trabaja en mejorar su política de transparencia de acuerdo a los tiempos que hoy se viven y reforzar su política de relaciones institucionales, idea que justifica la presencia de Garcia-Romanillos en la nueva Junta, un profesional de larga trayectoria en la abogacía española.

Fuente: http://diariolaley.laley.es

24-ABRIL-2017: Adquirir un inmueble mediante usucapión frente a quien figuraba como su titular registral no está sujeto a ITP-AJD. La Hacienda Foral de Bizkaia ha resuelto en su Consulta nº 7476 de 9 de Febrero la duda de una contribuyente que ha sido declarada titular del dominio de un inmueble por usucapión o prescripción adquisitiva extraordinaria, al haber transcurrido más de treinta años poseyendo la finca de manera pública, pacífica e ininterrumpida frente a quien figura como su titular registral, mediante sentencia judicial recaída en un procedimiento ordinario por cuantía. Desea saber la consultante si la adquisición del dominio de un inmueble por usucapión extraordinaria se encuentra sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y si debe presentar la resolución judicial declarativa ante la Sección del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con carácter previo a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Fuente: http://noticias.juridicas.com

25-ABRIL-2017: La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid contra 16 personas, entre las que se encuentra la actual delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, el hermano del expresidente de la Comunidad Ignacio González, Pablo González o el diputado del PP Enrique Núñez, a los que imputa un delito societario en una operación de Mercamadrid en 2013. El motivo, según ha adelantado el diario El País, es una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato. Ambos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de denuncia por presuntas "prácticas irregulares" encontradas en esta sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51%, con "responsabilidades políticas por mala gestión". En el escrito, la Fiscalía presenta la denuncia contra todos los miembros del Consejo de Administración de Mercamadrid en el momento de la operación denunciada, en 2013. Además de Dancausa y Núñez, exnúmero dos de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, están José Manuel Torrecilla y María Jesús Prieto, el entonces director general de Mercamadrid y la vicepresidenta primera del consejo, respectivamente. Madrid depositará en el juzgado los 40.000 euros que tiene que pagar al mes a Merca Ocio tras la denuncia.

Fuente: https://confilegal.com

11-MAYO-2017: Según el Abogado General TUE Uber es una empresa de transporte y debe someterse la regulación del sector. Acabamos de conocer la opinión del Abogado General en el asunto C-434/15 que enfrenta a la Asociación Profesional Élite Taxi / Uber Systems Spain. Según el Abogado General Szpunar, a pesar de ser un concepto innovador, la plataforma electrónica Uber pertenece al ámbito del transporte, de modo que puede obligarse a Uber a disponer de las licencias y autorizaciones requeridas por el Derecho nacional. En efecto, Uber no se beneficia del principio de libre prestación de servicios que el Derecho de la Unión garantiza a los servicios de la sociedad de la información. Uber es una plataforma electrónica que, a través de un teléfono inteligente provisto de la correspondiente aplicación, permite solicitar un servicio de transporte urbano en las ciudades en las que está presente. La aplicación reconoce la localización del usuario y encuentra los conductores disponibles que se hallan en las inmediaciones. Cuando un conductor acepta la carrera, la aplicación informa al usuario, mostrándole el perfil del conductor y una estimación del precio del trayecto hasta el destino indicado por el usuario. Una vez efectuada la carrera, su importe se deduce automáticamente de la tarjeta de crédito del usuario, cuyos datos está obligado a proporcionar al registrarse en la aplicación. Dicha aplicación contiene también una funcionalidad de evaluación, mediante la que los conductores pueden evaluar a los pasajeros y viceversa. Una media de puntuación por debajo de un determinado umbral puede entrañar la expulsión de la plataforma. En el servicio denominado UberPop, conductores particulares no profesionales llevan a cabo el transporte de pasajeros en sus propios vehículos. En 2014, la Asociación Profesional Élite Taxi («Élite Taxi»), una organización profesional que agrupa a taxistas de la ciudad de Barcelona, interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona, solicitando, en particular, que se sancionara a la empresa española Uber Systems Spain («Uber Spain»), sociedad que forma parte de un grupo que gestiona la mencionada plataforma, por competencia desleal contra los taxistas miembros de Élite Taxi. Concretamente, Élite Taxi considera que Uber no tiene derecho a prestar el servicio UberPop en la ciudad de Barcelona. Efectivamente, ni Uber Spain ni los propietarios ni los conductores de los vehículos afectados disponen de las licencias y autorizaciones establecidas en el Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona. Al considerar que la solución del litigio requería la interpretación de diversas disposiciones del Derecho de la Unión, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona decidió plantear al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales relativas a la calificación de la actividad de Uber a la luz del ese Derecho y a las consecuencias que lleva aparejadas dicha calificación. En sus conclusiones de hoy, el Abogado General Maciej Szpunar señala que para empezar debe determinarse, esencialmente, si las prestaciones ofrecidas por la plataforma Uber se benefician del principio de libre prestación de servicios en tanto que «servicios de la sociedad de la información» o si están incluidas en el ámbito del transporte regulado por el Derecho de los Estados miembros. En el primer caso, las licencias y autorizaciones establecidas por el Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona que afectan al funcionamiento de Uber podrían ser incompatibles con el principio de libre prestación de servicios, mientras que, en el segundo caso, los Estados miembros tendrían en principio libertad para regular su actividad.

Fuente: http://noticias.juridicas.com

14-MAYO-2017: El complemento de maternidad en la pensión discrimina a 2 millones de madres con un sólo hijo. El complemento de maternidad en la pensión discrimina a dos millones de madres con un sólo hijo, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha propuesto, junto al Lobby Europeo de Mujeres una batería de medidas de conciliación para combatir la brecha que sufren éstas en las pensiones en España que supone una media de 414 euros, un 31,1 % menos. Ambas organizaciones entienden que ahora es el momento propicio para impulsar medidas de conciliación, en línea con la propuesta de Reforma de la Directiva de los permisos parentales de la Comisión Europea. Así lo ha manifestado María Ángeles Mur, secretaria de Igualdad de CSIF, que ha presentado junto al Lobby Europeo de Mujeres una campaña para modificar el complemento de maternidad en la pensión que entró en vigor en enero de 2016. La campaña va acompañada de un vídeo, realizado por el Lobby Europeo, por el que se denuncia la brecha que sufren las mujeres en sus pensiones (en España perciben de media 414 euros menos, el 31,1 por ciento) por las horas que han restado de su trabajo al cuidado de hijos y familiares, y por las diferencias salariales, en la calidad del empleo y en los puestos de responsabilidad que aún persisten. El CSIF se ha reunido ya con Ciudadanos y PSOE, a la espera poder hacerlo también con el resto de grupos parlamentarios para que impulsen la modificación en el Congreso de los Diputados. La propuesta de la Comisión plantea revisar los permisos para cuidados de menores para que puedan disfrutarlos al menos 4 meses, tanto las madres como los padres y que sean retribuidos; ampliar los permisos de paternidad y maternidad, así como mejorar las medidas para flexibilizar la jornada laboral.

Fuente: https://confilegal.com

14-MAYO-2017: “El plan del CGPJ de crear un juzgado por provincia para resolver hipotecas favorece a la banca y perjudica a los consumidores”, según José Muelas. El decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, define el plan de contigencia desarrollado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente a la supuesta avalancha, sobre los Juzgados, de demandas relacionadas con las cláusulas abusivas de las hipotecas con una palabra: “infamia”. “El plan del CGPJ de crear un juzgado único por provincia para resolver hipotecas favorece a la banca y perjudica a los consumidores”, afirma Muelas. “Es una aberración. Porque tratan de la misma forma a Madrid, que tiene 6.500.000 habitantes, que a Soria, con una población de 90.040 habitantes”. De acuerdo con Muelas, esos juzgados, caso de ponerse en marcha, “nacen colapsados de antemano. Y pone como ejemplo el caso de la Región de Murcia. “El gobierno prevé 45.000 demandas sobre hipotecas por cláusulas suelo sólo en la región de Murcia. 6 millones en toda España. A mí el cálculo de 45.000 demandas me parece corto. Porque no contempla las que tienen cláusulas de gastos y otras cosas, que sumarían 130.000, el triple”, explica. “Admitamos que sólo fueran a juicio las 45.000 por cláusulas suelo. Eso, si se concentra en un sólo juzgado, son 45 años de trabajo. Al final, el Juzgado será una dirección de Lexnet donde irán las demandas que no se resolverán nunca. El mensaje que se manda a la sociedad es que eso no va a salir jamás”, añade.

Fuente: https://confilegal.com

El bufete

Bufete Nuñez Abogados en Almería lleva ejerciendo en el sector desde el año 1989, siempre buscando ofrecer a los clientes el servicio de mejor calidad y confianza en el mercado.

Datos de contacto

  • Paseo de Almería, número 27, 2ª Planta, oficinas 3 y 4, Almería, 04001.
  • Tel: 950 22 77 24
  • Email: juan@bufeten-fenoy.es
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